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| Reunión con representantes de la comunidad educativa |
Con este título nos ha publicado el diario
EL PAÍS el 16.03.2016 un artículo sobre la urgencia de paralizar la LOMCE.
El artículo lo he escrito conjuntamente con Rafael Simancas, portavoz del PSOE en la Comisión de Educación del Congreso.
Evaluaciones sí, reválidas no
Si los más de 200 diputados con
un mandato de cambio hubieran actuado con coherencia el pasado 4 de marzo,
Pedro Sánchez hubiera sido investido Presidente del Gobierno y la aplicación de
la “Ley Wert” ya se habría paralizado. Pero algunos no cumplieron con el
mandato de las urnas, Rajoy sigue presidiendo el Gobierno y la “Ley Wert”
prosigue su aplicación contra la voluntad de la mayoría de los españoles.
La “Ley Wert” o LOMCE tiene el
dudoso honor de ser una de las leyes educativas con mayor consenso en la
comunidad educativa. Eso sí, se trata de un consenso en contra. Todos los
grupos parlamentarios a excepción del PP, los representantes de padres y madres,
los docentes, los estudiantes y la mayoría de los gobiernos autonómicos se
oponen claramente a esta ley, por segregadora, autoritaria y clerical.
Uno de los aspectos más
controvertidos de la ley es la obligación que establece para recuperar la
fórmula vetusta de las reválidas en varios tramos del itinerario educativo. El
próximo mes de mayo, precisamente, está prevista la realización de la reválida
que la ley prevé en la finalización del sexto curso de la enseñanza primaria. Y
la mayoría de la comunidad educativa está reclamando que tal prueba no se
llegue a celebrar.
Si el propósito real de esta
prueba fuera detectar “los desajustes que pudieran producirse en el progreso
académico del alumnado” en la enseñanza primaria, tal y como establece la ley,
sería mucho más lógico realizar la evaluación con anterioridad. ¿Qué sentido
tiene obtener conclusiones sobre los fallos cometidos en la enseñanza primaria
recibida por el alumnado cuando esta ha llegado a su fin y ya no caben acciones
correctoras?
Si el objetivo fuera realmente el
de comprobar el grado de adquisición de competencias por parte del alumnado,
sería más eficaz confiar en la valoración del profesorado que trabaja día a día
con cada estudiante y conoce su evolución a partir de cada situación concreta
de partida. ¿Cómo puede confiarse una evaluación realmente eficaz al resultado
de una prueba a realizar en unos minutos antes que al diagnóstico que un
profesional docente puede llevar a cabo durante meses?
Ahora bien, si de lo que se trata
en realidad es de establecer nuevas pruebas selectivas a modo de vallas que el
alumnado deba ir superando como si de una carrera de obstáculos se tratara,
sencillamente estamos ante un anacronismo pedagógico. Y si de lo que se trata
en verdad es de elaborar unos rankings competitivos para distinguir a unos
centros educativos y estigmatizar a otros, sin tener en cuenta las condiciones
y los contextos en los que hacen su trabajo, simplemente estamos ante una
perspectiva ideológica rechazable por regresiva.
Las reválidas de sexto de
primaria que establece la LOMCE deben suprimirse además porque generan un
estrés negativo e inútil entre unos estudiantes de muy corta edad, y porque
muestran una desconfianza absurda e injusta hacia el profesional docente que ya
evalúa a diario las dificultades y los progresos de cada uno de sus alumnos.
Por otra parte, la previsión de esta prueba está afectando negativamente a la
planificación del curso en los centros, porque insta a los profesionales a
programar las enseñanzas priorizando el objetivo de un buen resultado en el
examen sobre la atención flexible e individualizada a las necesidades de cada
alumno.
Las evaluaciones en general son
positivas, porque ayudan a valorar el trabajo realizado, a detectar fallos y a
aplicar soluciones. Y las evaluaciones externas también pueden resultar de
interés, según cómo se utilicen sus conclusiones. Pero una cosa son las
evaluaciones de diagnóstico y otra bien distinta las evaluaciones competitivas.
Las primeras sirven para conocer y para mejorar. Las segundas solo sirven para
crear problemas, de satisfacción dudosa para algunos, y de frustración injusta
para otros.
La reválida de sexto está
obligando a las administraciones autonómicas a invertir un tiempo y unos
recursos preciosos en una tarea equivocada. Sería mucho más razonable que se
gastaran estos recursos en revertir algunos de los recortes aplicados por el
Gobierno del PP sobre el sistema educativo: los 30.000 profesores despedidos o
los 150.000 becarios perdidos, por ejemplo.
El Grupo Parlamentario Socialista
en el Congreso de los Diputados ya ha registrado una propuesta para requerir al
Gobierno en funciones que paralice la aplicación de la LOMCE. El Gobierno de
Rajoy está en funciones, pero puede y debe suspender los desarrollos más negativos
y contestados de su ley educativa, como la reválida de sexto.
En cuanto el gobierno del cambio
tome posesión, impulsará un pacto social y político para lograr una educación
con más calidad y con más equidad en nuestro país. Este es el reto.
