El 1 de Marzo se celebra el Día
Mundial para la No discriminación (Zero Discrimination Day) proclamado por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 1 de diciembre 2013, y que este año
2016 se conmemora con el lema “Haz
escuchar tu voz”, con el que se pretende dar especial importancia a la
visibilización de las minorías discriminadas como herramienta para combatir la
discriminación.
La conmemoración de este día nace de la
premisa de que “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”
como reconoce el artículo I de la Declaración Universal de Derechos Humanos;
por tanto no se debe tolerar que ninguna persona sufra discriminación por sexo,
origen racial o étnico, edad, opiniones y creencias, enfermedad, discapacidad,
orientación sexual o identidad de género, o cualquier otra circunstancia
personal o social. En palabras del Secretario General de la ONU Ban
Ki-moon "La discriminación es una
violación de los derechos humanos y no debe quedar sin respuesta".
Uno de los mayores desafíos con los que nos
enfrentamos actualmente es desarrollar adecuadamente políticas de gestión de la
diversidad, por lo que en las últimas décadas la no discriminación y el
reconocimiento de la diversidad se han convertido en un elemento fundamental de
las políticas socialistas.
Porque la prohibición de discriminación es un
derecho, un derecho subjetivo protegible judicialmente, que para su efectividad
necesita del compromiso de los Poderes Públicos en la prevención y erradicación
de toda clase de discriminación, ya no solo la que se manifiesta como un ataque
al derecho individual a la igualdad, sino también en su vertiente colectiva
como impone nuestra Constitución en su artículo 9.2, reafirmando la igual
dignidad humana de las personas y el universal reconocimiento de los derechos
humanos protegidos en el artículo 10.
En este sentido, el último Gobierno socialista
en España convirtió el objetivo de la igualdad de trato y de oportunidades
entre toda la ciudadanía en uno de los temas centrales de su agenda y ambicionó
en todo momento luchar por una sociedad decente, esto es, una en la que las
instituciones no humillaran a las personas sujetas a su autoridad y donde no se
permitiera que los ciudadanos lo hicieran entre sí.
Aún resta mucho por hacer porque las
discriminaciones son una realidad social difícil de erradicar y con una gran
capacidad de mutación en una sociedad cada vez más diversa. Además, crecen los
delitos de odio, aquellos que tienen por víctimas a personas que han sido
seleccionadas por móviles de intolerancia (racismo, xenofobia, islamofobia,
aporofobia, antisemitismo, homofobia, transfobia…) El hecho es que el fenómeno
de la discriminación todavía no es demasiado conocido en demasiados ámbitos. La
invisibilidad social de las discriminaciones es patente en todos los estudios y
un número significativo de discriminaciones no son percibidas como tales por
sus víctimas.
Los informes más relevantes sobre esta
materia, como el Eurobarómetro de octubre de 2015 sobre discriminación en la
UE, muestran que en España el 16% de las personas encuestadas indica haber
experimentado alguna forma de discriminación o acoso en los últimos 12 meses,
que tan solo el 41% de las personas encuestadas señala conocer sus derechos en
caso de ser víctima de discriminación o acoso y un 75% se muestra de acuerdo
con la idea de que se deberían introducir nuevas medidas en nuestro país para
aumentar el nivel de protección de los grupos en riesgo de discriminación.
También está muy extendida la idea, en
sectores conservadores de la sociedad, de que las políticas
antidiscriminatorias son caras, sobre todo en época de crisis, y que tiene como
únicos destinatarios a los miembros de las minorías especialmente protegidas.
Se trata de dos tópicos tan extendidos como falsos. El éxito de la lucha contra
la discriminación requiere fondos, sin duda, aunque quizá no tantos como se
piensa, pero el fracaso de tal lucha resultaría más caro, en forma de
segregación social y de exclusión.
El Partido Socialista sigue firmemente
comprometido con la elaboración de una Ley de Igualdad de Trato y no
discriminación que establezca claramente un marco general de las políticas
antidiscriminatorias e incorpore a nuestro ordenamiento elementos tan
esenciales para combatir la discriminación como la Autoridad contra la
discriminación o la inversión de la carga de la prueba, propuesta que se
complementa con la creación de fiscalías especializadas contra la
discriminación y una propuesta seria, potente y coherente de política criminal
contra los delitos de odio que incluya el estudio y seguimiento del fenómeno,
su prevención, la atención a las víctimas y, por supuesto, la sanción.
Conviene recordar que las diferentes minorías
discriminadas conforman la mayoría de la población, sin olvidar que la gran mayoría
de la población será objeto de discriminación en alguna ocasión a lo largo de
su vida. Por ello, consideramos necesario impulsar una serie de políticas
antidiscriminatorias que abarquen ámbitos tales como la no discriminación
racial o étnica, la no discriminación por discapacidad, medidas que garanticen
la igualdad efectiva de lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e
intersexuales o que impidan la discriminación por edad, creencias, convicciones
u opinión, y aquellas que se producen por razón de enfermedad.
El Partido Socialista reitera su compromiso
frente a la discriminación y apuesta por seguir desarrollando políticas que
permitan alcanzar el objetivo de “cero discriminación” impulsado por Naciones
Unidas para este día.
1 de marzo de 2016.
