El nivel de
vida de las familias se ha deteriorado de forma importante en estos últimos
cuatro años. La renta neta media por hogar ha caído un 9,3% en términos reales
según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE.
Todos los
indicadores muestran que la pobreza y la desigualdad no han parado de aumentar
en estos años de gobierno del Partido Popular, como consecuencia de la
intensidad y duración de la crisis, y en especial, del desempleo de larga
duración, de la precariedad (temporalidad y jornada a tiempo parcial) y los
bajos salarios del empleo que se crea.
No todos los
niveles de renta han sufrido por igual. Las clases bajas son las que más han
sufrido la crisis, más que las clases medias y las altas. Las capas más humildes
han sido los más proclives a perder sus empleos y a tener unos empleos más
precarios. Una realidad que nos deja un saldo de 33.871
personas en riesgo de pobreza en la provincia de Palencia.
El reparto
de la crisis ha sido muy desigual y, por tanto, la distribución de la renta
también ha empeorado desde que gobierna el PP, por ello es
urgente un cambio para que las rentas del trabajo permitan una vida digna a
las personas, a las familias y a sus hijos e hijas. Y este es uno de nuestros
grandes objetivos del cambio, con el que los socialistas nos comprometemos: revertir
la situación actual de devaluación salarial con un Nuevo Estatuto de los Trabajadores,
recuperando la negociación colectiva, el incremento de la cuantía del Salario
Mínimo Interprofesional y mejorar la cobertura por desempleo.
Una grave
consecuencia de la situación laboral se muestra en el incremento significativo de
la población infantil con riesgo de pobreza o exclusión social y que ha pasado
del 31,6% en el 2011 al 35,4% en el 2014.
Es dramático
que el mayor riesgo de pobreza se encuentre en los menores de 16 años, cuya
tasa de carencia material severa casi se ha duplicado alcanzando el 9,4%. Estos
datos exigen renovar en profundidad el compromiso con la infancia y la
adolescencia y crear un nuevo Plan
Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia, dotado de recursos económicos
y humanos necesarios para atajar la pobreza infantil severa.
Nuestra
Comunidad Autónoma tampoco se escapa de la pobreza o desigualdad, el riesgo de
pobreza crece casi el doble en Castilla y León que en el conjunto nacional,
casi cuatro puntos en estos últimos cuatro años de gobierno del PP. Son
trágicos también los datos que revelan la realidad que sufren 4.317 hogares palentinos con carencia material severa.
Resulta
preocupante que la tasa de hogares viviendo con baja
intensidad en el trabajo (de 0 a 59 años) en Castilla y León sea más del
doble que hace 4 años, pasando del 8,2% al 17,7%. Este indicativo es altamente
negativo para nuestra tierra, puesto que pone de manifiesto la inestabilidad
laboral y ausencia de perspectivas de futuro, que se constatan en esta encuesta, como también sus
efectos directos e inmediatos en el riesgo de pobreza.
Combatir la
pobreza y la exclusión social no es sólo un objetivo político, sino un deber de
la sociedad que exige grandes compromisos y medidas rigurosas. Debemos afrontar
una reforma fiscal para introducir más progresividad en el sistema, reforzar la
inversión en políticas educativas, sanitarias y de dependencia.
Debemos eliminar los mecanismos selectivos y de exclusión escolar en el sistema
educativo que ha introducido el Gobierno del PP con la LOMCE, que contribuyen a
la reproducción intergeneracional de las desigualdades en educación.
Es fundamental
recuperar la universalidad de la sanidad como derecho de ciudadanía y modificar
los copagos introducidos por el PP, de forma que no supongan una barrera en el
acceso a los tratamientos. Y debemos crear un sistema de garantía de Ingreso
Mínimo Vital de carácter no contributivo, que ofrezca recursos mínimos a
familias en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social.
El empleo es
una prioridad necesaria pero no suficiente para reducir la desigualdad. Debemos
consolidar nuestro modelo laboral, que indica desequilibrio e inseguridad, pero
también hay que combatir el riesgo de pobreza con medidas sociales para evitar
la exclusión.
Las
políticas basadas en la generalización del empleo a tiempo parcial y la
precariedad no podrán reducir los niveles de desigualdad. No nos llevemos a
engaño, reducir la pobreza y el riesgo de exclusión exige políticas que
dignifiquen y mejoren las condiciones laborales, que fomenten una formación a
lo largo de la vida, basada en la igualdad de oportunidades. Esa es una de nuestras
metas, acabar con la pobreza y la exclusión social, ampliando la formación para tener más opciones laborales y mejor
calidad de vida.
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